La decisión de Perú de reducir su parque arqueológico, hogar de las famosas Líneas de Nazca, en aproximadamente un 42 % (un área equivalente a aproximadamente 1.400 campos de fútbol), ha generado alarma entre conservacionistas, arqueólogos y defensores del medio ambiente.
Los críticos dicen que la reducción allana el camino para la minería informal y debilita décadas de protección cultural y ecológica, mientras que el Gobierno responde que el ajuste refleja estudios científicos actualizados y no compromete la condición de Patrimonio Mundial de la UNESCO ni las protecciones fundamentales del sitio.
“La reducción no solo elimina protecciones, sino que lo hace precisamente donde la actividad extractiva se está expandiendo”, declaró Mariano Castro, exviceministro de Ambiente de Perú, y añadió que la decisión podría causar “riesgos muy graves y daños acumulativos”, ya que excluye zonas con concesiones mineras activas o pendientes.
Castro añadió que las salvaguardas del patrimonio arqueológico durante la formalización de la minería artesanal ya son limitadas.
“Esto se agrava por la omisión del Ministerio de Cultura al considerar el impacto acumulativo de decenas o incluso cientos de operaciones mineras en zonas arqueológicas sensibles”, afirmó.
El área en cuestión forma parte de un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, hogar de las Líneas de Nazca –geoglifos gigantescos grabados en el desierto hace miles de años– y uno de los ecosistemas desérticos más frágiles del Perú.
La UNESCO declaró a The Associated Press que las autoridades peruanas no han notificado ningún cambio en los límites del sitio declarado Patrimonio de la Humanidad, cruciales para su protección. La organización solicitará más información a las autoridades.
El abogado ambiental peruano César Ipenza, quien ha seguido de cerca la decisión, dijo que la resolución ya fue aprobada y que reduce la zona de Nazca en más de 1.000 hectáreas.
“Esto constituye un debilitamiento de la protección ambiental y cultural”, declaró Ipenza. “El Estado debería cumplir con sus compromisos en virtud de los acuerdos internacionales y no ceder ante intereses privados”. Ipenza y otros dicen que la reducción refleja un patrón de concesiones regulatorias a mineros de oro, principalmente informales.
“Existe una alianza entre el Gobierno actual y los sectores mineros informales”, dijo. “El marco legal continúa flexibilizándose para beneficiarlos”.
El Ministerio de Cultura de Perú, que decidió el 30 de mayo reducir la reserva de Nazca de aproximadamente 5.600 kilómetros cuadrados a aproximadamente 3.200 kilómetros cuadrados, se negó a responder preguntas específicas de AP. En su lugar, envió un comunicado de prensa indicando que el ajuste se basó en estudios arqueológicos actualizados y no afecta la designación de Patrimonio Mundial de la UNESCO ni su zona de amortiguamiento.
El ministerio dijo que mantiene su compromiso con la preservación del patrimonio cultural del sitio mediante una gestión regulada.
Un día después de la decisión del 30 de mayo, el ministro de Cultura de Perú, Fabricio Valencia, reconoció la existencia de minería ilegal dentro de la reserva.
“Lamentablemente, la minería informal es una actividad presente en esta zona, pero la medida que hemos tomado no implica que se fomente ni que aumente la probabilidad de daños derivados de la minería informal. Eso no sucederá”, declaró Valencia en RPP, uno de los programas de radio más importantes de Perú.
Al solicitarle más detalles sobre la presencia de actividad ilegal en la reserva, Valencia respondió: “Hay algunos yacimientos mineros, pero no tengo información exacta sobre el tipo de mineral que contienen”.
Castro, exviceministro, advirtió que la medida podría violar las propias leyes peruanas.
“Contraviesa el artículo 5(h) de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que exige la protección del patrimonio arqueológico e histórico”, dijo.
Ipenza dijo que el Gobierno está facilitando la ilegalidad con el pretexto de ajustes técnicos.
“Es vergonzoso olvidar a nuestros ancestros y nuestro patrimonio, y encubrir decisiones que facilitan el camino a sectores que buscan imponer la ilegalidad, como la minería ilegal e informal”, dijo. “Esta decisión beneficia a esos grupos y perjudica a todos los peruanos”.
