RUTH SHADY. ¿ESTARÍA PERCIBIENDO DOBLE SUELDO DEL ESTADO?
¿Doble percepción indebida de remuneración? El caso de la Dra. Ruth Shady Solís.
INFORME ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN.
En el marco de nuestras investigaciones sobre irregularidades en el aparato estatal, presentamos un caso que requiere la inmediata atención del Ministerio de Cultura, la Contraloría General de la República y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). Se trata de la reconocida antropóloga, arqueóloga y educadora Dra. Ruth Martha Shady Solís, quien actualmente estaría incurriendo en una posible incompatibilidad laboral por doble percepción de ingresos del Estado.
Según información oficial verificada en registros públicos y fuentes institucionales.
- La Dra. Shady labora como docente principal a tiempo completo (40 horas semanales) en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un sueldo mensual de S/ 8,886.82.
- Simultáneamente, desde el año 2010, se desempeña como jefa de la Zona Arqueológica Caral (ZAC), cargo también de dedicación a tiempo completo (40 horas semanales), con una remuneración de S/ 14,714.19 mensuales.
Esto implica que estaría cumpliendo 80 horas laborales por semana, un hecho que, de confirmarse, vulneraría el Artículo 40 de la Constitución Política del Perú, el cual prohíbe expresamente el desempeño de más de un cargo público remunerado, salvo por docencia universitaria, siempre que no genere conflictos de interés ni traslape horario.
Además, la situación podría contravenir normas complementarias como la Ley N° 28175 (Ley Marco del Empleo Público) y la Ley N° 30057 (Ley del Servicio Civil), que regulan las responsabilidades y compatibilidades de los funcionarios públicos.
Lo que se cuestiona no es su trayectoria ni aportes académicos, sino el cumplimiento de las normas éticas y legales que rigen la función pública. Este tipo de casos pone en duda la equidad y la transparencia dentro del sistema estatal, en un país donde miles de profesionales luchan por acceder a un solo empleo formal.
Como medio especializado en investigaciones, exigimos que las autoridades competentes realicen las verificaciones correspondientes y determinen si efectivamente existe una incompatibilidad funcional y administrativa. Este no debe ser un caso aislado ni quedar en la impunidad. Es deber del Estado garantizar que los fondos públicos se manejen con responsabilidad y legalidad.
⭕️Seguiremos de cerca el desarrollo de este caso y otros similares, porque creemos que la lucha contra la informalidad y el abuso del poder también comienza desde el cumplimiento de las leyes por parte de quienes representan al Estado.
Estaremos siguiendo de cerca este caso que no es el único a nivel nacional, se vienen más.
FUENTE: (Diario Bicentenario)